Abstract
Introducción: el acceso a la propiedad de la tierra y la seguridad de los derechos humanos cada vez son más distantes, en la medida que crece la demanda de los mismos por la deficiencia del Estado Social de Derecho, porque no es sostenible económicamente como lo plantea la ley de víctimas; la misma que exhibe la reparación integral, la restitución y justicia restaurativa. Varios factores trascendentales desvanecen la idea principal de la distribución de la tierra, debido a que la demanda ha generado reacciones sociales que agravan el conflicto llevándolos a una criminalización desbordada para no ceder sus tierras a los verdaderos propietarios; así mismo se agregan otros factores que son determinantes
a la hora de examinar la ley 1448 de 2011, dado que no se trata de realizar una simple mirada a su efectividad y garantías, por lo que fenómenos como el conflicto han dejado como resultado la subordinación indígena, institucionalización de la guerra y la teoría del pensamiento criminal en las instituciones del Estado, como temas transversales a la lucha de la tierra, que no podrán pasar desapercibidos. El plano jurídico colombiano no es garante para tal iniciativa, puesto que la aplicación de la ley se realiza en medio del conflicto, en un entorno de crisis agraria,
con una economía deficiente y con una idea de aplicar justicia restaurativa como respuesta al déficit judicial y el planteamiento de un tejido social que no existe. Método: la investigación tiene un enfoque histórico hermenéutico, ya que la interpretación y la historia son un factor esencial que permite medir la situación y los pensamientos desde un marco estrictamente conceptual. Discusión: la ley 1448 de 2011, tiene como finalidad regresar la tierra a aquellos que fueron despojados a consecuencia del conflicto armado y la reparación integral que restablece los derechos económicos, sociales y culturales. Resultados: a medida que se atiende y resuelven los procesos de restitución, quedan
en entredicho los objetivos de la ley. Por consiguiente, debe considerarse que la falta de recursos afecta el cumplimiento y genera retrocesos en el avance de la propiedad, el desarrollo rural y en todos los factores que componen el campo.