Editorial

Resumen

En este número de la revista Salud Areandina se ha invitado como editorialista a
la doctora Ingrid Sulay Tavera Pérez, reconocida optómetra, docente universitaria y actual Coordinadora de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la Salud, a plantear algunas consideraciones en torno a la baja visión, una condición que se ha posicionado, a través de los años, como un grave problema de salud pública en el ámbito mundial, y un factor de riesgo muy importante para la discapacidad y alteración de la calidad de vida.
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Cuando se habla de discapacidad visual, se hace referencia a la ceguera y la baja visión. La primera, caracterizada por una pérdida total de la visión y la segunda, por una disminución significativa de la agudeza visual, que no puede recuperarse ni con corrección óptica ni con la administración de medicamentos y/o tratamiento quirúrgico.
De acuerdo con las cifras reportadas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), a nivel mundial hay “aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas, 246 millones presentan baja visión y el 80 % del total de casos se podían haber evitado o curado”.
A continuación, como marco de referencia para el abordaje de este problema de
salud pública, se hará un breve recorrido de las acciones emprendidas para su detección precoz e intervención temprana, desde los planes de acción propuestos en el ámbito mundial hasta los objetivos nacionales, todos con el objetivo de trabajar de manera activa en la prevención de la discapacidad visual evitable.
En 1999 se llevó a cabo el lanzamiento del programa Visión 2020 “el derecho
a ver”, resultado de un trabajo articulado entre la OMS y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés); el cual tiene como objetivo eliminar la ceguera evitable para el año 2020, y prevenir el incremento de las discapacidades visuales evitables en el período comprendido entre 1990 y 2020.